Cabecillas en tarima: ¿acto ilegal o error político? Análisis del episodio en La Alpujarra

 

Por: Gabriel Bríñez V.

Editor - Periodista de Combo Tropical Noticias.

El pasado 23 de junio, un evento del Gobierno Nacional en la Plaza de La Alpujarra, Medellín, convocado para impulsar la estrategia de "paz urbana", quedó marcado por la polémica tras la presencia en tarima de cabecillas de bandas criminales privadas de la libertad. La imagen generó una fuerte reacción ciudadana, cuestionamientos desde diversos sectores políticos y la inmediata respuesta del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien aseguró: “No sabía que estaban allá”.

Este hecho reaviva un debate que Colombia ha enfrentado en distintos momentos de su historia reciente: ¿hasta qué punto es legítimo o legal la presencia pública de actores armados en medio de procesos de negociación con el Estado?

¿Qué pasó en La Alpujarra?.

Durante el evento, en el que el presidente Gustavo Petro anunció avances en los diálogos con estructuras del crimen urbano en Medellín y el Valle de Aburrá, varios cabecillas actualmente detenidos en la cárcel de Itagüí hicieron presencia pública en la tarima, bajo custodia del INPEC.

Según información del Gobierno, estos individuos habrían sido autorizados judicialmente para asistir al evento dentro del marco de una mesa exploratoria promovida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la cual coordina los esfuerzos para lograr el sometimiento colectivo de estas estructuras a cambio de beneficios jurídicos.

¿Es legal la presencia pública de detenidos en este tipo de eventos?.

Consultados por Combo Tropical Noticias, juristas y expertos en justicia transicional advierten que sí puede haber autorización judicial para traslados con fines de paz, siempre que:

Haya una solicitud formal del Ejecutivo o de la Fiscalía.

Se garantice la custodia permanente del detenido.

No se haga apología del delito ni se otorguen privilegios indebidos.

En este caso, no hay evidencia pública de que los cabecillas hayan participado como oradores ni hayan tenido protagonismo discursivo, pero su sola presencia en la tarima trasladó un mensaje simbólicamente polémico.

El abogado penalista Camilo Buitrago señala que “la ley colombiana no impide per se la participación de detenidos en actos oficiales, si son parte de una política de paz regulada. El problema es el uso político o mediático de esa imagen sin explicaciones previas”.

Precedentes en Colombia: entre la paz y el escándalo.

Este tipo de tensiones no son nuevas. Colombia ha vivido momentos similares, donde actores al margen de la ley aparecen públicamente como parte de estrategias de diálogo. Algunos ejemplos:

En el gobierno de Álvaro Uribe, integrantes de las AUC participaron en actos de dejación de armas y fueron visibles en eventos públicos, incluso uniformados. Aunque criticado, el proceso siguió un marco jurídico.

Durante el proceso de paz con las FARC, el entonces presidente Juan Manuel Santos permitió la participación activa de jefes guerrilleros en zonas de concentración, foros y eventos públicos, previa autorización del Congreso y la Corte Constitucional.

En 2017, algunos líderes de bandas en Buenaventura participaron en mesas de diálogo social con presencia institucional, bajo condiciones estrictas de custodia.

En todos los casos, la legitimidad del acto dependió de la claridad institucional, el respaldo judicial y el contexto del proceso.

La reacción del Gobierno y las tensiones internas.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático al señalar que el Ministerio no negocia con estructuras criminales y que estos detenidos “estaban totalmente custodiados y bajo jurisdicción penitenciaria”. Agregó que no fue informado previamente de su presencia en el evento, y aunque "entiende la indignación", considera que se debe mantener la apuesta por una salida negociada al crimen urbano.

Estas declaraciones revelan también una posible desconexión entre las entidades que lideran el proceso de paz urbana y los sectores encargados de la seguridad nacional.

¿Qué se necesita para evitar nuevas controversias?.

Analistas coinciden en que la estrategia de paz urbana requiere:

1. Comunicación clara a la ciudadanía, explicando el marco legal y los objetivos de cada acción.

2. Coordinación interinstitucional, para evitar contradicciones entre Defensa, Presidencia, Justicia y la Oficina del Alto Comisionado.

3. Transparencia judicial, con acceso a las resoluciones que autorizan estos traslados y actividades.

4. Cuidado en la narrativa pública, para no revictimizar a la sociedad ni generar percepciones de impunidad.

Conclusión.

El episodio de La Alpujarra no fue ilegal, pero sí revela fallas de forma y fondo en la manera en que el Gobierno comunica sus apuestas de paz. La imagen de cabecillas en tarima, aunque bajo custodia, sin contexto claro, reaviva viejos temores ciudadanos y exige una revisión profunda de cómo se representan los procesos de sometimiento ante la opinión pública.

La legalidad no lo es todo: la legitimidad se construye con transparencia y responsabilidad política.

Para Combo Tropical Noticias, seguiremos atentos al desarrollo de este proceso y su impacto en la construcción de paz urbana en Colombia.

Contacto: combotropicaltv@gmail.com