MINAMBIENTE REABRE CONVOCATORIA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COMUNIDADES NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS CON RECURSOS DE REGALÍAS
Gracias a un reciente fallo del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reactivó la convocatoria pública orientada a financiar 22 proyectos liderados por comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, utilizando recursos provenientes del sistema general de regalías.
La convocatoria, inicialmente suspendida por una acción de tutela, busca impulsar el ejercicio de los derechos territoriales y culturales de los consejos comunitarios étnicos, fortaleciendo la justicia ambiental y social en sus territorios. Tras superar el proceso judicial, los proyectos seleccionados fueron oficialmente declarados elegibles y podrán ser ejecutados con una inversión total cercana a los 247 mil millones de pesos.
Según lo informado por el Ministerio, la implementación de estas iniciativas impactará positivamente a comunidades del Litoral Pacífico caucano y nariñense, así como de los departamentos de Chocó, Putumayo, y de los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cimitarra (Santander).
Aunque durante la convocatoria fue interpuesta una tutela contra el Ministerio, el juez negó el recurso, imponiendo inicialmente una medida cautelar. Posteriormente, este mismo juzgado resolvió a favor del Ministerio, levantando la suspensión y permitiendo la continuación del proceso sin obstáculos legales.
La ministra de Ambiente, Lena Estrada, celebró la decisión y reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con las comunidades étnicas del país.
“Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos garantizando que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras accedan a recursos públicos con transparencia y equidad, y puedan liderar procesos de restauración y ordenamiento ambiental desde sus saberes y territorios”, afirmó la funcionaria.
De acuerdo con el Ministerio, todos los proyectos seleccionados pasaron por una evaluación técnica rigurosa y pública, asegurando criterios de transparencia en su selección.
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