Alcaldía Distrital rechaza actos vandálicos en protesta pacífica del Día del Trabajador

 

La Alcaldía de Santa Marta rechaza de manera vehemente los actos vandálicos protagonizados por un grupo de desadaptados durante las movilizaciones pacíficas llevadas a cabo este sábado, en el marco de la conmemoración histórica del Día del Trabajador, que se celebra cada 1 de mayo. 

Estos marchantes se ampararon en el Artículo 37 de la Constitución Política para realizar la concentración del día de hoy. Los universitarios, centrales obreras y movimientos sociales, salieron a las calles a hacer uso de su derecho legítimo a la protesta y no como una desobediencia civil al Decreto 083 del 19 de abril de 2021, como algunos manifestaron a través de redes sociales. 

“Rechazamos los actos vandálicos ocasionados por algunas personas en Santa Marta. La decisión de cada ciudadano en ejercer el derecho a la protesta debe ser desde el respeto. Estamos en contra de la Reforma Tributaria, pero no somos cómplices de la delincuencia enmascarada de protesta”, dijo la alcaldesa Virna Johnson. 

Desde las 2:00 p.m. se instaló un Puesto de Mando Unificado, PMU, en el Centro de Información Estratégico Policial Seccional (Cieps), en el que participaron representantes de las Secretarías de Gobierno y Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.   

Es importante informar a la opinión pública que desde el día ayer cuando las autoridades del Distrito fueron informadas de las pretensiones de concentración en forma de asamblea frente a las instalaciones del SENA, se llevó a cabo una mesa técnica con los grupos y asociaciones que tenían la intención de concentrase, en la que nunca se mencionó la realización de marchas. 

La decisión de desplazarse a otras zonas de la ciudad se hizo a última hora y fue cuando se presentaron los hechos vandálicos. Por estas acciones se logró el traslado de siete conducidos hasta la sede de la URI de la Fiscalía y dos capturados para su judicialización. 

La red estuvo conectada al PMU de nivel nacional con su sede principal en la ciudad de Bogotá, en donde se coordinaron las estrategias de seguridad y la reacción ante cualquier impase encaminado a la prevención de la alteración del orden público durante la jornada de movilizaciones en todo el país.