Nueva reglamentación para fortalecer el patrimonio material e inmaterial de país








El Gobierno Nacional emitió, en diciembre de 2019, el Decreto 2358 por el cual se modifica el Decreto 1080 de 2015, normativa por el cual se reglamenta el sector cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del país.
 
 
Bogotá D.C., enero 21 de 2020. El pasado 26 de diciembre de 2019 fue sancionado el Decreto Nacional 2358 “por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial”. Dicha reglamentación es el resultado de un detallado proceso de revisión y ajuste liderado por funcionarios y contratistas de la Dirección de Patrimonio y Memoria y de la Oficina Jurídica, que tuvo como objetivo actualizar la normativa relativa al Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), y las manifestaciones incorporadas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (Lrpci).

“Desde los territorios velaremos por el reconocimiento y salvaguardia de las tradiciones culturales y su patrimonio, valorando el papel de sus portadores en el gran esfuerzo por construir un mejor país”; aseguró la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho. 

La reglamentación de este Decreto es iniciativa del Ministerio de Cultura y obedece al Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ 2018-2022 que, en materia de patrimonio y memoria, busca fortalecer acciones encaminadas a la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural y natural colombiano. 

Bajo la estrategia ‘Memoria Construida’, que hace parte del capítulo ‘Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja’ del PND 2018-2022, se busca contribuir a la recuperación y fortalecimiento de las manifestaciones y la identidad cultural de comunidades afectadas por la violencia, como factor de reconstrucción del tejido social, económico y político. 

Desde el Ministerio de Cultura, atendiendo uno de los lineamientos de la estrategia ‘Memoria Construida’, se vienen gestionando normativas, como el reciente Decreto 2358 de 2019 sancionado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez y la ministra de Cultura, Carmen Vásquez Camacho. 
 
El Decreto contempla, entre otros aspectos, los siguientes temas:
Grupo de Vigías del Patrimonio del Huila. Fotografía: Jaime Acuña Lezama.- MinCultura

1. Conformación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, CNPC. La actualización del marco regulatorio en la materia formaliza la participación de 3 nuevos integrantes del CNPC: el Servicio Geológico Colombiano, Parques Nacionales Naturales de Colombia, y el programa Vigías del Patrimonio como representantes de la sociedad civil. De esta manera, se fortalece la visión integral de patrimonio cultural y se enriquece la mirada del Consejo para la toma de decisiones. Asimismo, se espera armonizar esfuerzos entre las nuevas instituciones que harán parte del CNPC en pro de la protección del patrimonio cultural y natural; de igual forma, se espera fortalecer la capacidad y credibilidad territorial del programa de Vigías del Patrimonio como parte del sector cultura.

2. Acuerdos sobre el patrimonio cultural. Con el fin de propender por la salvaguardia, difusión y sostenibilidad del patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura podrá ahora liderar acuerdos con diferentes sectores. Estas actuaciones se podrán reflejar a través de convenios interadministrativos, actos o circulares, entre otros; y, permitirán definir alcances, compromisos y acciones de armonización con diferentes actores con el fin de garantizar la implementación de planes especiales de manejo y protección, PEMP, y planes especiales de salvaguarda, PES.

3. Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. Se ratifica la jerarquía de las acciones dirigidas a la preservación, conservación y uso del patrimonio cultural, material e inmaterial, al momento de adoptar, modificar o ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial en cualquier ámbito, así como los demás instrumentos de planificación territorial de distritos y municipios. De este modo se busca mitigar y controlar los posibles impactos urbanísticos que se puedan generar sobre los valores paisajísticos intrínsecos a los centros históricos y otros inmuebles declarados BIC.

4. Declaratoria de BIC. La actualización del Decreto Reglamentario del Sector Cultura en este aspecto se dirige a garantizar una identificación precisa de las condiciones de los BIC a declarar; es decir, su localización, valor cultural, estado de propiedad, así como las actuaciones técnicas y procedimientos administrativos que deban darse para garantizar la protección de los bienes.
Ambalema, Tolima. Fotografía: Jaime Acuña Lezama - MinCultura.

5. Elaboración de Planes Especiales de Manejo y Protección, PEMP. Con la entrada en vigencia del Decreto 2358 de 2019 se fortalece el marco regulatorio para la formulación de PEMP tanto para bienes muebles como inmuebles declarados BIC. De esta forma, el Ministerio de Cultura, las autoridades locales y los propietarios de éstos, cuentan ahora con más opciones para la formulación e implementación de este importante instrumento de gestión del patrimonio cultural.

6. Simplificación de trámites e intervención de BIC. Mediante la actualización de este aspecto de la reglamentación se busca facilitar los trámites relacionados con los bienes de interés cultural, muebles, inmuebles o espacios públicos, los predios colindantes y las zonas de influencia y aquellos procesos relacionados con obras mínimas y el nivel permitido de intervención. Esto incluye también armonizar las definiciones para la autorización de intervención física de los BIC, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Único del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual reglamenta lo correspondiente a licencias de construcción y urbanismo. Con este apartado se logra integrar el contenido del marco regulatorio de ambos sectores y se facilita el trámite para la intervención y arquitectónica de los bienes declarados BIC, de los predios colindantes y de sus zonas de influencia; asimismo, se aclara el trámite de solicitud de autorización y se establece la vigencia de estas a treinta y seis meses.

7. Legislación para los paisajes culturales. Como un innovador avance jurídico debe verse el desarrollo de definiciones y lineamientos normativos para la protección de este tipo de territorios y sus dinámicas. Gracias a los esfuerzos de MinCultura, el país cuenta ya con una definición y clasificación de paisajes culturales, que, además de incorporar las categorías definidas por la Unesco, incluye, entre otros, espacios culturales como los lugares de memoria y los complejos socio culturales, lo cual es una enorme oportunidad para el reconocimiento y manejo del valor cultural de los paisajes colombianos. 
Cocinera tradicional de Buenaventura, Valle del Cauca. Fotografía: Jaime Acuña Lezama. 

8. Protección del patrimonio cultural inmaterial. A través de esta nueva reglamentación, se actualizan algunas disposiciones dirigidas a la salvaguarda del PCI, en relación con el objeto, integración, definición, fomento y titularidad de las manifestaciones incluidas en su lista representativa. De otro lado se desarrollan procedimientos, requisitos y criterios para la declaratoria y la aprobación de Planes Especiales de Salvaguardia, PES para las mismas. 

La aplicación de este decreto fortalecerá la protección y el manejo del patrimonio cultural colombiano y la tarea que, para este fin, deben realizar las alcaldías, gobernaciones, las autoridades indígenas y las de las comunidades negras.

Con la revisión y ajuste de los anteriores aspectos, MinCultura demuestra su esfuerzo permanente por mantener actualizado el marco regulatorio específico en la materia, de acuerdo con la riqueza, necesidad y complejidad del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, seguirá prestando un acompañamiento permanente a las diferentes dependencias y autoridades locales en la implementación de las acciones necesarias para su conservación y protección.

Este es el Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019

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