Comunicado del Ministerio de Cultura

 









 El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en concordancia con sus propósitos misionales y deberes legales, informa a la opinión pública que rechaza de manera rotunda los comportamientos de hostigamiento, maltrato y señalamiento que se han proferido contra los servidores públicos y contratistas que vienen desarrollando actividades para la implementación del Pacto Cultural por la Vida y por la Paz en el Pacífico nariñense. Estas actitudes van en contra de la constitución de una Cultura de Paz.

Reconocemos y valoramos la diversidad de opiniones, así como el respeto a las mismas y a los espacios democráticos para el debate y la crítica. Estos no pueden ser compatibles con la intimidación ni la vulneración de los derechos inherentes al desempeño de nuestros funcionarios y contratistas.

Expresamos nuestro total respaldo al trabajo y compromiso que funcionarios y contratistas, como Raúl Alejandro Delgado y Marcela Aragón, vienen realizando en el territorio en interacción con las organizaciones comunitarias y diversos actores e instituciones; así como las actividades y gestiones que llevan a cabo la Escuela Taller de Tumaco, la Dirección de Fomento Regional, la Dirección de Artes, la Dirección de Patrimonio y Memoria y las asesoras de despacho en el territorio.

Es deber del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes velar por las buenas condiciones para el cabal desempeño de todas las personas que colaboran en las múltiples actividades, y fomentar los espacios democráticos para tramitar las conversaciones difíciles y los procesos territoriales.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones vinculadas directa o indirectamente con la implementación del Pacto Cultural por la Vida y por la Paz en el Pacífico nariñense a que los debates y el desarrollo de las iniciativas acordadas desde el territorio y con las organizaciones comunitarias se realicen con argumentos, para construir paz y en ambientes de cuidado y respeto. Nos corresponde no permitir que unas pocas organizaciones, que con su actuar hacen daño, inhiban la implementación del Pacto Cultural, una estrategia que, como su nombre lo dice, es por la vida y por la paz, y busca democratizar el ingreso de los recursos para fortalecer los procesos culturales en los territorios.


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