Procuraduría inspecciona albergues para damnificados en Córdoba tras fuerte emergencia invernal.
Escrito por: Redacción Judicial – Director de Edición.
La Procuraduría General de la Nación intensificó su vigilancia sobre la atención a comunidades afectadas por la temporada de lluvias en Córdoba, mediante un recorrido por varios municipios para verificar el estado de los albergues temporales y la respuesta de las entidades responsables.
La comisión del Ministerio Público visitó Canalete, Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo, con el objetivo de constatar condiciones de infraestructura, acceso a servicios básicos y atención psicosocial a las familias damnificadas.
La intervención institucional se produce en medio de una emergencia invernal que ha generado impactos sociales y económicos significativos en el departamento. Según cifras oficiales, solo en Canalete se contabilizan:
Más de 14.000 damnificados
273 viviendas destruidas
Más de 1.400 casas averiadas
Cerca de 700 viviendas no habitables
La delegada María Fernanda Rangel Esparza explicó que la situación en Canalete presenta particular gravedad debido a una avalancha que arrasó barrios completos y dejó incomunicadas algunas zonas rurales.
En Montería, las autoridades reportan 14.752 familias afectadas (43.511 personas) y cerca de 39.000 hectáreas productivas destruidas, lo que anticipa efectos económicos en el sector agropecuario regional.
impacto que preocupa al Caribe.
Más allá de la emergencia humanitaria, los datos evidencian un golpe directo a la economía local. La pérdida de decenas de miles de hectáreas productivas implica:
caída en la producción agrícola y pecuaria.
afectación de ingresos rurales.
presión sobre precios de alimentos.
mayores costos fiscales en atención humanitaria.
Para Córdoba, donde la economía rural tiene un peso relevante, la recuperación podría extenderse durante varios ciclos productivos. Expertos advierten que la articulación entre ayuda humanitaria y reactivación económica será clave para evitar un deterioro social más profundo.
Durante las visitas, la Procuraduría puso especial atención en la protección integral de la niñez y las mujeres, verificando la actuación de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los ministerios competentes.
El Ministerio Público reiteró que continuará la vigilancia preventiva para asegurar que los refugios cumplan condiciones dignas y que la oferta institucional llegue de manera efectiva a las comunidades afectadas.
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