Procuraduría impulsa mejoras en protección a líderes sociales: impacto institucional y económico de la nueva articulación.
Escrito por: Gabriel Briñez
Editor combo Tropical Noticias.
La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa de articulación interinstitucional con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para líderes y lideresas sociales en Colombia, en medio de los persistentes riesgos de seguridad que enfrentan en varias regiones del país.
La protección de líderes sociales continúa siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos en Colombia. Organismos nacionales e internacionales han advertido sobre amenazas, agresiones y homicidios que afectan a defensores comunitarios, especialmente en zonas con presencia de economías ilegales y conflictos territoriales.
En este escenario, las entidades del Estado han venido revisando y ajustando sus protocolos de prevención y reacción. La mesa técnica convocada por la Procuraduría se enmarca en ese esfuerzo institucional por mejorar la coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de evaluar riesgos y asignar esquemas de seguridad.
Articulación institucional para fortalecer la protección.
Según el comunicado oficial, la reunión fue liderada por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, junto con el Subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro Marín. También participaron el Director de Protección de la UNP, Miguel Ángel Quiroga, y el Director de Evaluación de Riesgo, coronel Nelson Rolando Russi.
Durante el encuentro se analizaron la implementación actual de las medidas de protección, las dificultades detectadas en la ruta vigente y la necesidad de fortalecer la eficacia de los mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la vida.
Las entidades plantearon posibles ajustes a la herramienta de evaluación de riesgo y a las etapas del análisis que adelanta la UNP, buscando respuestas más oportunas frente al contexto de inseguridad y amenazas.
el costo de proteger y el costo de no hacerlo.
Más allá del componente de derechos humanos, el fortalecimiento de los esquemas de protección tiene implicaciones económicas relevantes para el país.
En primer lugar, el sistema de protección a líderes sociales implica inversión estatal en esquemas de seguridad, estudios de riesgo, logística y personal. Mejorar la eficiencia —como propone la mesa interinstitucional— puede optimizar el uso de recursos públicos y reducir costos operativos.
En segundo lugar, la persistencia de la violencia contra líderes sociales suele estar asociada a entornos de alta conflictividad territorial, lo que afecta la confianza inversionista en regiones rurales. Un sistema de protección más efectivo puede contribuir a mejorar la estabilidad institucional y la percepción de seguridad.
Finalmente, los líderes sociales cumplen un papel clave en la ejecución de proyectos comunitarios, ambientales y productivos. Su protección incide directamente en la continuidad de iniciativas locales y en la implementación de políticas públicas en los territorios.
Compromiso institucional.
De acuerdo con la información oficial, la jornada permitió avanzar en un diálogo técnico orientado a optimizar los mecanismos de prevención y protección. Las entidades participantes reiteraron su compromiso con la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para población en riesgo.
El reto será traducir los ajustes técnicos en resultados concretos en territorio, donde persisten los mayores niveles de vulnerabilidad.
Fuente: Comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL).
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