Corte Constitucional activa seguimiento a denuncias por irregularidades en EPS: Ministerio de Salud celebra decisión y refuerza llamado a proteger los recursos públicos del sector
El Ministerio de Salud y Protección Social destacó la decisión de la Corte Constitucional de incorporar al seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 las denuncias penales presentadas por esta cartera sobre presuntas irregularidades en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS). A través de un Auto emitido el 13 de noviembre de 2025, el Alto Tribunal también ordenó remitir esta información a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las investigaciones en curso.
Las denuncias incluyen tres hechos de especial gravedad:
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Irregularidades en la Nueva EPS, investigadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
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Cobros por servicios prestados a personas fallecidas en diversas EPS.
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Recobros de medicamentos por encima del precio máximo regulado por el Estado.
El Ministerio subrayó que estas conductas, conocidas públicamente desde hace varios años, no se tratan de simples fallas administrativas, sino de hechos que podrían constituir delitos. Al comprometer recursos públicos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud, estas acciones afectan de manera directa la confianza ciudadana y la sostenibilidad del sistema.
El ministro reiteró que la decisión de la Corte confirma lo ya advertido por la entidad:
“Estas irregularidades no son hechos aislados, sino manifestaciones de una falla estructural asociada al modelo de intermediación de las EPS, un esquema que concentra recursos públicos sin suficientes mecanismos de control”.
El Auto también instruyó a la Secretaría General de la Corte remitir de manera formal toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación, asegurando que las denuncias avancen mediante una ruta institucional clara y bajo supervisión constitucional. Para el Ministerio, este paso garantiza que los reportes no queden sin trámite y se integren al acervo investigativo correspondiente.
La cartera de salud resaltó que este pronunciamiento reafirma la solidez de las denuncias presentadas, que incluyen presuntos pagos irregulares, sobreprecios y posibles desvíos de recursos. También insistió en la urgencia de fortalecer la vigilancia sobre quienes administran los fondos públicos del sistema, o avanzar hacia modelos que garanticen que estos recursos lleguen de manera directa, transparente y oportuna a hospitales y clínicas.
El Ministerio señaló:
“El modelo actual de intermediación no puede seguir operando sin controles robustos. La arquitectura del sistema debe garantizar trazabilidad, auditoría permanente, supervisión estatal y mecanismos de giro que aseguren que el dinero público se traduzca en servicios efectivos”.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de entregar toda la información que requieran las autoridades, acompañar el avance de las investigaciones y exigir claridad en responsabilidades individuales y corporativas. El Gobierno sostuvo que la salud debe ser protegida como derecho fundamental y que los recursos públicos deben administrarse con integridad y transparencia.
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