Controversia por declaraciones sobre recuperación de bienes del Estado y presunto enriquecimiento ilícito de Abelardo de la Espriella

- noviembre 12, 2025

Por: Claudia Arregocés Castellanos

Directora de Combo Tropical Noticias

Durante una reciente entrevista, Abraham Katime Garcerant se refirió a la labor que adelanta la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la recuperación de bienes que en el pasado estuvieron bajo el control de mafias o figuras políticas sin derecho sobre ellos. El funcionario destacó que en distintas regiones del país se han detectado casos de ocupación indebida o ilegal de inmuebles pertenecientes al Estado, utilizados con fines particulares.

Katime advirtió que varios empleados de la SAE han sido objeto de amenazas por cumplir con su deber institucional de recuperar y administrar estos activos, subrayando los riesgos que implica esta tarea en un contexto donde confluyen intereses económicos y políticos de alto nivel.

En el desarrollo de su intervención, el funcionario hizo mención del abogado Abelardo de la Espriella, señalando que algunos actores políticos y jurídicos habrían tenido vínculos con estructuras criminales o con la defensa de intereses asociados a la mafia, incluso mientras mantienen aspiraciones de poder público.

Estas declaraciones han generado debate, en medio de denuncias públicas que acusan a De la Espriella de presunto enriquecimiento ilícito y de apropiación indebida de bienes administrados por la SAE. Hasta el momento, el abogado no se ha pronunciado oficialmente frente a los señalamientos recientes.

El contexto descrito por Katime también recuerda otros episodios del pasado, como el caso de David Murcia Guzmán, que evidenció la necesidad de reforzar los mecanismos de control, vigilancia y transparencia en la gestión de los bienes incautados en Colombia.

A partir del minuto 7:00 de la entrevista, Katime realiza una reflexión sobre el carácter político de esta lucha, destacando que la recuperación de los activos del Estado no solo implica un reto técnico, sino también un desafío ético e institucional, ante las presiones de estructuras vinculadas a la corrupción, la narcopolítica y las economías ilícitas.

En su mensaje, resalta la valentía institucional de los funcionarios que, pese a las amenazas, trabajan por restituir al Estado el patrimonio público, recordando que esta tarea representa un esfuerzo por la transparencia, la legalidad y la reconstrucción moral del país.

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