Procurador propone IA, perspectiva de género y oralidad en reforma disciplinaria
Escrito por: Gabriel E. Briñez V
Editor – Combo Tropical Noticias.
La Procuraduría plantea cuatro líneas de reforma al Código General Disciplinario, entre ellas el uso regulado de inteligencia artificial y una mayor oralidad en los procesos.
Bogotá, D. C., 21 de septiembre de 2026. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, presentó las principales líneas que la Procuraduría General de la Nación propone discutir en el proceso de reforma al Código General Disciplinario, durante la inauguración del XLVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que se desarrolla en Paipa, Boyacá.
La propuesta contempla cuatro ejes: incorporación de la inteligencia artificial, inclusión de la perspectiva de género, ampliación de la oralidad y racionalización de las etapas procesales.
El planteamiento se produce mientras avanza dentro de la Procuraduría un proceso de revisión del régimen disciplinario. La entidad informó a comienzos de septiembre que un grupo de expertos trabaja en una propuesta de reforma que deberá ser presentada en marzo de 2027. Según la Procuraduría, la metodología busca construir un procedimiento más ágil y menos rígido, pero sin reducir las garantías de los sujetos procesales.
Inteligencia artificial, pero sin delegar la decisión
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Uno de los principales planteamientos de Eljach Pacheco fue incorporar expresamente la inteligencia artificial (IA) al régimen disciplinario.
El Procurador sostuvo que la legislación debe reconocer que estas herramientas ya forman parte de diferentes actividades relacionadas con la administración de justicia, particularmente en tareas como la sistematización de información, la gestión documental y el análisis preliminar de expedientes.
Sin embargo, estableció un límite frente a la posibilidad de delegar en sistemas automatizados las decisiones que corresponden a las autoridades.
La posición expresada por el jefe del Ministerio Público parte de una premisa central: la inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo, pero la responsabilidad jurídica y ética de las decisiones debe permanecer en manos de las autoridades competentes.
Este punto adquiere especial relevancia en materia disciplinaria, donde las decisiones pueden tener consecuencias sobre los derechos, la situación laboral y la responsabilidad de servidores públicos y particulares sometidos al régimen correspondiente.
Perspectiva de género en las investigaciones disciplinarias.
La segunda línea planteada corresponde a la incorporación explícita de la perspectiva de género dentro de los procesos disciplinarios.
De acuerdo con el Procurador, esta incorporación no tendría como finalidad disminuir las garantías de las personas investigadas. Su propósito, según explicó, sería fortalecer la capacidad de investigación para identificar posibles conductas que históricamente pudieron quedar invisibilizadas por determinados sesgos.
La propuesta introduce así un desafío jurídico relevante: incorporar enfoques diferenciales en la investigación sin afectar principios como el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y las demás garantías que deben acompañar una actuación disciplinaria.
Más oralidad para los procesos disciplinarios.
El tercer eje corresponde a la ampliación de la oralidad, especialmente durante la etapa de juzgamiento.
Eljach Pacheco señaló que las experiencias de los procesos penal y civil colombianos muestran que la oralidad puede contribuir a objetivos como la celeridad, la transparencia y la legitimidad de las decisiones.
La eventual extensión de este modelo al ámbito disciplinario deberá definir, entre otros aspectos, qué actuaciones podrían desarrollarse oralmente, cómo se garantizaría el registro de las diligencias y de qué manera se protegerían los derechos de los sujetos procesales.
Por tanto, la discusión no se limita a modificar la forma en que se desarrollan las audiencias. También implica revisar cómo la oralidad puede contribuir a reducir tiempos sin afectar la calidad de las decisiones.
La Procuraduría también plantea racionalizar las etapas.
El cuarto eje anunciado está relacionado con la racionalización de las etapas del proceso disciplinario.
En este punto, el Procurador cuestionó procedimientos y requisitos que, según su planteamiento, pueden generar demoras en determinadas actuaciones. Entre los ejemplos mencionó las notificaciones por edicto y algunos requisitos relacionados con la utilización del correo electrónico para notificar a los sujetos procesales.
La intención planteada es modernizar los procedimientos y reducir trámites que puedan resultar innecesarios, pero manteniendo las garantías procesales.
La discusión resulta particularmente relevante porque la reducción de tiempos procesales no puede convertirse únicamente en una política de aceleración de expedientes. También deberá determinarse qué mecanismos aseguran que las partes conozcan oportunamente las actuaciones y puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.
El punto central: modernizar sin reducir garantías.
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Las cuatro propuestas presentadas por Eljach Pacheco tienen un elemento común: buscar mayor eficiencia en el régimen disciplinario sin convertir la rapidez en un sustituto de las garantías jurídicas.
La Procuraduría ya había establecido como orientación para el grupo de expertos encargado de la reforma la necesidad de avanzar hacia un proceso más célere y menos rígido, pero sin recortar las garantías de los sujetos procesales.
En ese contexto, la incorporación de inteligencia artificial constituye uno de los asuntos que probablemente requerirá mayor discusión técnica. No solamente será necesario determinar qué herramientas pueden utilizarse, sino también establecer controles sobre trazabilidad, protección de información, supervisión humana, transparencia y responsabilidad frente a posibles errores.
El debate sobre la perspectiva de género plantea, a su vez, la necesidad de compatibilizar los enfoques diferenciales con los principios fundamentales del derecho disciplinario.
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Contexto: la reforma apenas entra en una etapa de construcción
Las propuestas conocidas este lunes no constituyen por sí mismas una reforma aprobada del Código General Disciplinario. Se trata de líneas de trabajo anunciadas por el Procurador General en el marco del proceso de construcción de una eventual iniciativa legislativa.
La Procuraduría informó el 2 de septiembre que el grupo de expertos encargado de estudiar la reforma deberá trabajar inicialmente sobre los problemas identificados en la aplicación cotidiana del Código y posteriormente convertir esas conclusiones en una propuesta normativa. La meta anunciada por la entidad es presentar un proyecto en marzo de 2027.
El anuncio se produjo durante el XLVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, programado del 21 al 25 de septiembre de 2026 en Paipa, Boyacá, un encuentro académico organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal que reúne expertos nacionales e internacionales alrededor de los cambios y desafíos del derecho procesal.
¿Qué significa para Colombia?
Si las propuestas avanzan hacia un proyecto de ley, uno de los principales debates será establecer hasta dónde puede llegar la modernización tecnológica del proceso disciplinario sin trasladar a sistemas automatizados responsabilidades que corresponden a funcionarios investidos de autoridad jurídica.
También será necesario evaluar si la reducción de trámites y la ampliación de la oralidad producen efectivamente procesos más rápidos sin aumentar los riesgos de errores, indefensión o decisiones insuficientemente motivadas.
La reforma, por tanto, no se limita a una actualización tecnológica. También plantea una discusión institucional sobre la manera en que el Estado investiga y sanciona conductas disciplinarias en un escenario marcado por nuevas tecnologías, enfoques diferenciales y la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta.
Impacto para Barranquilla y el Caribe colombiano.
Aunque las propuestas fueron presentadas en Paipa, Boyacá, su eventual implementación tendría alcance nacional y podría incidir en las actuaciones disciplinarias relacionadas con servidores públicos y entidades estatales de Barranquilla, el Atlántico y los demás departamentos de la región Caribe.
Para las administraciones territoriales, entidades descentralizadas y servidores públicos, una eventual reforma podría significar cambios en la manera de tramitar investigaciones, practicar actuaciones y gestionar expedientes.
Sin embargo, no es posible afirmar todavía que la reforma vaya a producir efectos concretos sobre las entidades del Caribe, debido a que el contenido definitivo de una eventual iniciativa legislativa aún está en construcción.
Para la región, uno de los asuntos de seguimiento será precisamente la forma en que se regulen herramientas de inteligencia artificial en los procesos disciplinarios y las garantías que deberán acompañar su utilización.
Lo que sigue
El anuncio del Procurador abre una etapa de discusión jurídica y técnica que deberá desembocar en una propuesta concreta de reforma.
El principal reto será convertir los objetivos de eficiencia, modernización y actualización tecnológica en reglas claras, compatibles con el debido proceso y con la responsabilidad humana sobre las decisiones disciplinarias.
Para Combo Tropical Noticias, el seguimiento deberá concentrarse en el contenido que finalmente presente la Procuraduría en 2027, el eventual proyecto de ley que llegue al Congreso de la República, las modificaciones que introduzca el trámite legislativo y las posiciones que adopten los distintos sectores jurídicos e institucionales.
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