De la Espriella defiende recorte a la JEP y exige cuentas por sus recursos
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Fotografía: Presidencia de la República |
El presidente rechazó las advertencias del titular de la JEP ante la Corte Penal Internacional y sostuvo que la discusión presupuestal no constituye una amenaza contra la independencia judicial.
Bogotá, 20 de septiembre de 2026. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, respondió este domingo a las advertencias formuladas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en medio de la controversia por las iniciativas que buscan modificar los recursos destinados al tribunal de justicia transicional para 2027.
En un pronunciamiento divulgado por la Presidencia de la República, De La Espriella rechazó que las decisiones presupuestales del Gobierno y el debate que adelanta el Congreso puedan interpretarse como una amenaza contra la independencia de la JEP.
“La justicia se respeta, pero los recursos de los colombianos se cuidan”, sostuvo el mandatario.
La declaración se produjo después de que Ramelli enviara, el 18 de septiembre, el oficio PRS-239-2026 a fiscales de la CPI para poner en conocimiento de ese organismo lo que la JEP considera una posible afectación de sus condiciones de funcionamiento e independencia. La comunicación también se relaciona con iniciativas que actualmente avanzan en el Congreso.
La discusión por el presupuesto de 2027.
Uno de los principales puntos de la controversia es el presupuesto de la JEP para 2027.
Según las cifras expuestas por el presidente, la jurisdicción solicitó $947.642 millones, mientras que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla $821.803 millones para la entidad.
De acuerdo con De La Espriella, desde 2018 la JEP ha recibido más de $3 billones del erario. El mandatario agregó que en 2025 se le asignaron $777.069 millones y que durante 2026 opera con aproximadamente $744.659 millones.
A esta discusión se suma una propuesta impulsada por el senador Enrique Gómez, que plantea trasladar otros $100.000 millones de los recursos previstos para la JEP hacia la Rama Judicial ordinaria, con el argumento de fortalecer su capacidad para atender el rezago de procesos y ampliar despachos judiciales. La iniciativa recibió respaldo público del presidente.
Si esa modificación prosperara, el monto destinado a la JEP quedaría por debajo de los $821.803 millones contemplados actualmente en el proyecto presupuestal.
De La Espriella niega una política de presión contra la JEP.
El jefe de Estado rechazó que el ajuste presupuestal pueda ser presentado como una estrategia de asfixia institucional o de retaliación política.
Según su posición, el presupuesto de una entidad pública no puede determinarse exclusivamente a partir de la solicitud realizada por la propia institución, sino que debe responder a la disponibilidad de recursos, las necesidades generales del Estado y las prioridades definidas por el Gobierno y el Congreso.
El mandatario también sostuvo que respetar la independencia judicial no significa que las instituciones financiadas con recursos públicos estén exentas de controles administrativos, evaluación de resultados y rendición de cuentas.
“Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, afirmó.
El argumento sobre la ejecución de los recursos
Uno de los cuestionamientos centrales planteados por De La Espriella está relacionado con el costo de funcionamiento de la JEP y la relación entre los recursos destinados a la jurisdicción y sus resultados judiciales.
El presidente cuestionó el tamaño de la estructura administrativa y reclamó explicaciones sobre la forma como se planifican y ejecutan los recursos.
Sin embargo, esta parte de la discusión requiere una precisión periodística importante.
Información publicada en febrero de 2026, con base en cifras del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, indicó que la JEP ejecutó el 99,3 % de los $777.069 millones asignados para 2025. Ese nivel de ejecución la ubicó entre las entidades con mejor desempeño presupuestal dentro del sector justicia.
Por tanto, una cosa es cuestionar cuánto presupuesto debe recibir la JEP y qué resultados judiciales produce, y otra diferente es afirmar que existe una deficiente ejecución presupuestal. Los datos disponibles sobre 2025 muestran una ejecución cercana a la totalidad de los recursos asignados.
El debate sobre los resultados judiciales.
El Gobierno también cuestiona el número y la velocidad de las decisiones judiciales producidas por la JEP.
De La Espriella señaló que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025 y consideró que los resultados obtenidos no guardan proporción con el tamaño de la estructura burocrática de la jurisdicción.
La JEP, por su parte, ha defendido el avance de sus investigaciones y procesos. Durante su rendición de cuentas del 18 de septiembre, la jurisdicción informó que prevé cerrar 2026 con siete sentencias de fondo relacionadas con macrocasos, mientras ha reportado avances en imputaciones y determinación de máximos responsables.
Esto muestra que el debate no se limita al presupuesto: también existe una discusión sobre qué resultados debe producir una jurisdicción creada para investigar y juzgar graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano y en qué plazos deben producirse esas decisiones.
¿Qué está planteando realmente el Gobierno?.
La posición expresada por De La Espriella apunta a una redistribución de prioridades dentro del sistema de justicia.
El presidente sostiene que la Rama Judicial ordinaria enfrenta una congestión considerable y que los recursos adicionales deberían dirigirse a los jueces y despachos que atienden diariamente los procesos de millones de ciudadanos.
La propuesta de trasladar $100.000 millones de la JEP a la justicia ordinaria responde precisamente a esa lógica.
La iniciativa, sin embargo, no significa por sí misma que el presupuesto definitivo de 2027 ya haya sido aprobado en esos términos. La discusión presupuestal continúa en el Congreso y cualquier modificación deberá surtir el trámite correspondiente.
La respuesta de la JEP y la dimensión internacional.
La JEP interpreta de manera diferente el alcance de las iniciativas.
Su presidente, Alejandro Ramelli, ha advertido que un recorte adicional podría comprometer la capacidad operativa de la jurisdicción y ha llevado la discusión a escenarios internacionales. El 18 de septiembre comunicó la situación a la Fiscalía de la CPI y planteó preocupaciones relacionadas con la independencia y el funcionamiento del tribunal.
Medios nacionales también han reportado que la JEP considera que la reducción propuesta podría afectar su capacidad para cumplir las funciones derivadas del Acuerdo Final de Paz de 2016.
La controversia queda así planteada entre dos posiciones institucionales diferentes: mientras el Gobierno considera que la reasignación presupuestal forma parte de sus responsabilidades constitucionales y fiscales, la JEP advierte que determinadas decisiones podrían comprometer su funcionamiento y las obligaciones derivadas del sistema de justicia transicional.
Análisis: independencia judicial y control del gasto.
El punto central de la discusión no consiste únicamente en determinar si la JEP debe recibir más o menos dinero.
El debate plantea una cuestión más amplia: hasta dónde puede llegar el control presupuestal del Ejecutivo y del Congreso sobre una jurisdicción de naturaleza transicional sin afectar las condiciones necesarias para su funcionamiento independiente.
Al mismo tiempo, la independencia judicial no elimina la obligación de las instituciones públicas de justificar sus necesidades presupuestales, ejecutar adecuadamente los recursos y rendir cuentas sobre sus resultados.
En este caso, ambas dimensiones deben ser examinadas por separado.
La existencia de un debate presupuestal no demuestra por sí sola una interferencia judicial. Pero tampoco puede descartarse automáticamente que una reducción significativa de recursos tenga consecuencias sobre la capacidad operativa de una institución. La determinación de ese impacto requiere revisar técnicamente cuáles funciones quedarían afectadas, qué gastos podrían reducirse y cuáles son las obligaciones legales y constitucionales que debe cumplir la JEP.
Impacto para Colombia y el Caribe.
Aunque la controversia se concentra en Bogotá, sus efectos institucionales tienen alcance nacional.
La discusión sobre la distribución de los recursos públicos involucra a todo el sistema judicial colombiano, incluida la administración de justicia que presta servicios a ciudadanos del Atlántico y del Caribe.
Para la región Caribe, el debate resulta particularmente relevante desde la perspectiva del acceso a la justicia ordinaria. Cualquier fortalecimiento presupuestal de juzgados, infraestructura, tecnología y personal podría tener efectos sobre los tiempos de atención de procesos en los departamentos de la región, siempre que los recursos finalmente aprobados se traduzcan efectivamente en nuevas capacidades.
Al mismo tiempo, la JEP tiene competencia nacional sobre hechos relacionados con el conflicto armado, por lo que las decisiones de la jurisdicción también tienen implicaciones para víctimas y comparecientes de distintas regiones del país.
Por ahora, no puede afirmarse que la eventual redistribución presupuestal vaya a producir un beneficio concreto para Barranquilla, Atlántico o el Caribe, porque el destino definitivo de los recursos y sus mecanismos de ejecución todavía dependen del trámite presupuestal.
¿Qué queda pendiente?.
La discusión deberá seguirse en el Congreso, donde se definirá el Presupuesto General de la Nación para 2027 y las modificaciones propuestas a las partidas de la JEP.
También será necesario conocer con mayor precisión el contenido de las iniciativas legislativas cuestionadas por la jurisdicción y la respuesta de las autoridades internacionales ante la comunicación presentada por Ramelli.
Para el debate público será igualmente importante contrastar las afirmaciones del Gobierno sobre costos y resultados de la JEP con los informes de ejecución presupuestal, auditorías de los organismos de control y resultados judiciales verificables.
Conclusión.
El presidente Abelardo De La Espriella defendió el ajuste presupuestal planteado para la JEP y negó que su Gobierno pretenda afectar la independencia judicial. Su argumento central es que los recursos públicos son limitados y deben responder a las prioridades generales de la justicia colombiana.
La JEP, en contraste, considera que las iniciativas en discusión pueden comprometer su funcionamiento y ha recurrido a instancias internacionales para advertir sobre sus efectos.
Los datos disponibles muestran que la discusión debe diferenciar entre la magnitud del presupuesto solicitado, la ejecución efectiva de los recursos, los resultados judiciales y las obligaciones institucionales de la justicia transicional.
El desenlace dependerá ahora del trámite legislativo y de la capacidad de las instituciones para demostrar, con cifras verificables, cuáles son las necesidades reales de la JEP y de la Rama Judicial ordinaria.
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