Procuraduría pide avances sobre agua potable para comunidades indígenas del Chocó
La Procuraduría General de la Nación solicitó a autoridades departamentales y municipales del Chocó, así como a la empresa Aguas del Chocó, información detallada sobre los avances en la garantía del acceso al agua potable y el saneamiento básico para comunidades indígenas de ese departamento. El requerimiento fue divulgado este 20 de septiembre de 2026 y está relacionado con el seguimiento a obligaciones derivadas de la Sentencia T-080 de 2018 de la Corte Constitucional.
El Ministerio Público informó que la actuación preventiva es liderada por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y busca conocer las dificultades que persisten, las gestiones adelantadas y el estado de los proyectos destinados a atender las necesidades de estas comunidades.
Entidades requeridas.
Según la información suministrada por la Procuraduría, el requerimiento fue dirigido a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías de Alto Baudó, Bajo Baudó, Bagadó, Bojayá, Lloró y Riosucio, además de la empresa Aguas del Chocó.
El organismo de control señaló que su actuación responde también a una alerta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con la falta de respuesta de las entidades frente a la situación objeto de seguimiento.
La Procuraduría pidió conocer, entre otros aspectos, las dificultades identificadas, las gestiones realizadas y el estado de los proyectos vinculados con el cumplimiento de las órdenes y obligaciones relacionadas con la Sentencia T-080 de 2018.
El antecedente de la Sentencia T-080 de 2018.
El seguimiento actual tiene como antecedente una problemática que la Corte Constitucional examinó en 2018. La Sentencia T-080 de ese año está relacionada con la protección de los derechos fundamentales de niños y niñas de comunidades indígenas Emberá, Wounaan y Tule del Chocó, particularmente frente a deficiencias en asuntos como agua potable, saneamiento básico, salud y alimentación. El ICBF reconoce actualmente este fallo dentro de su jurisprudencia relevante.
La decisión judicial estableció la necesidad de desarrollar acciones institucionales coordinadas y culturalmente apropiadas para atender las condiciones que afectaban a estas comunidades. Entre las medidas contempladas se encontraba la elaboración de diagnósticos sobre la situación de los menores y las condiciones de acceso al agua, así como la identificación de políticas y medidas de protección.
El Gobierno nacional también reconoció, mediante el Decreto 749 de 2018, que el departamento del Chocó enfrentaba deficiencias en cobertura y calidad de servicios relacionados con agua potable y saneamiento básico, entre otros sectores, y estableció mecanismos de coordinación institucional para atender las problemáticas del departamento.
¿Qué le pidió la Procuraduría a Aguas del Chocó?.
El requerimiento también incluyó solicitudes específicas a Aguas del Chocó.
De acuerdo con la Procuraduría, la empresa deberá informar sobre los avances en la implementación de Sistemas No Convencionales de Captación y Potabilización de Aguas Lluvias (SCALL) en Bagadó y Lloró.
También deberá reportar el estado de la construcción de sistemas diferenciales de abastecimiento, la optimización de sistemas existentes en Bajo Baudó y los avances del Programa Escuelas Rurales.
Estos proyectos son relevantes porque buscan responder a las condiciones particulares de comunidades rurales y étnicas en territorios donde las soluciones convencionales de abastecimiento pueden enfrentar dificultades de infraestructura, acceso y operación.
Un problema que continúa bajo vigilancia institucional.
La actuación de la Procuraduría no significa, por sí misma, que todas las obligaciones derivadas de la sentencia estén incumplidas. Su objetivo inmediato es obtener información actualizada que permita establecer el estado de las acciones y determinar qué dificultades persisten.
El antecedente institucional muestra que la problemática no es nueva. En junio de 2023, la propia Procuraduría había solicitado a autoridades nacionales y territoriales avanzar en el cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2018, incluyendo las obligaciones relacionadas con agua potable, salud, alimentación y protección integral de niños y niñas indígenas del Chocó.
Por ello, el nuevo requerimiento adquiere importancia como mecanismo de seguimiento administrativo a compromisos que involucran a distintas entidades y niveles de gobierno.
Impacto para el Caribe colombiano.
Aunque el requerimiento está dirigido a entidades del departamento del Chocó, su importancia trasciende ese territorio.
Chocó forma parte de la región Pacífica, pero comparte con otros departamentos periféricos del país desafíos relacionados con la prestación de servicios públicos en comunidades rurales, dispersas y étnicas. Para el Caribe colombiano, el caso ofrece un referente sobre la necesidad de que las políticas de agua potable incorporen las condiciones geográficas, sociales y culturales de cada territorio.
En departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre, el acceso al agua y las condiciones de prestación del servicio también constituyen asuntos de interés público, aunque las circunstancias y proyectos de cada territorio son diferentes.
Por esa razón, el seguimiento que realicen los organismos de control puede aportar elementos para evaluar cómo las entidades territoriales planifican, ejecutan y supervisan soluciones de abastecimiento de agua en comunidades con necesidades específicas.
Lo que queda por verificar
El punto central ahora será conocer las respuestas de las entidades requeridas y establecer qué proyectos presentan avances concretos, cuáles permanecen pendientes y cuáles enfrentan dificultades técnicas, financieras o administrativas.
También será necesario determinar si los sistemas de captación y potabilización anunciados están operando efectivamente y si las comunidades beneficiarias tienen acceso continuo a agua apta para el consumo humano.
Para el seguimiento periodístico de CTN será relevante conocer los cronogramas, recursos asignados, número de comunidades beneficiadas, estado físico de las obras y mecanismos de participación de las comunidades indígenas.
Conclusión
La Procuraduría abrió un nuevo frente de seguimiento sobre el acceso al agua potable y el saneamiento básico de comunidades indígenas del Chocó. El requerimiento busca actualizar la información sobre proyectos y compromisos vinculados con la Sentencia T-080 de 2018 y establecer las dificultades que todavía enfrentan las entidades responsables.
La respuesta de la Gobernación, las alcaldías y Aguas del Chocó permitirá determinar el nivel de avance de las acciones y cuáles son los principales obstáculos que permanecen para garantizar soluciones de agua adecuadas y sostenibles en las comunidades involucradas.
Fuente principal: Procuraduría General de la Nación, información suministrada a Combo Tropical Noticias.
Fuentes de contexto: Corte Constitucional de Colombia e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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