“Sociedad civil exige reforma urgente a los impuestos al alcohol en Colombia: cifras revelan un costo anual superior a $11 billones en daños”

Sociedad civil pide al Congreso una reforma tributaria para frenar los daños del alcohol en Colombia

La discusión sobre los impuestos al alcohol vuelve al centro del debate nacional tras la presentación de la Declaración de Sociedad Civil, respaldada por organizaciones como Red Papaz, Fundación Anáas y la Liga Colombiana Contra el Cáncer. El pronunciamiento, sustentado en evidencia científica, advierte que Colombia enfrenta una oportunidad histórica para adoptar medidas fiscales capaces de salvar miles de vidas y reducir el creciente impacto social, económico y sanitario asociado al consumo de bebidas alcohólicas.

Un problema de salud pública con cifras alarmantes

De acuerdo con el Observatorio PROESA (2023), cerca de 10.000 personas mueren cada año en Colombia por causas relacionadas con el consumo de alcohol, mientras que a nivel global cada 10 segundos fallece una persona por esta causa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023). El alcohol es, además, el principal factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad entre los 15 y 49 años, un impacto que recae especialmente sobre jóvenes en edad productiva.

El contexto nacional muestra una tendencia preocupante:

El inicio de consumo ocurre en promedio a los 13 años, una etapa crítica para el desarrollo cerebral.
El 50% de la población entre 12 y 65 años consumió alcohol en el último año (MinSalud – ENCE 2022).
En 2022, el país alcanzó un máximo histórico con 3.215 millones de litros de bebidas alcohólicas consumidos, según estimaciones con base en datos del DANE.
La cerveza concentra el 95% del consumo nacional y es uno de los productos más asequibles del mercado: con un salario mínimo puede comprarse hasta 236 litros, lo que refleja altos niveles de accesibilidad (PROESA 2023).

Un desequilibrio económico: recaudo vs. daños

La nueva campaña ¿Quién paga los daños del alcohol? —adaptada en Colombia tras su lanzamiento regional en México— evidencia un desequilibrio financiero creciente:

Recaudo por impuestos al consumo de alcohol: más de $3 billones anuales.
Costo social y sanitario de los daños asociados al alcohol: más de $11 billones (PROESA 2025).

Este diferencial, sostiene la sociedad civil, muestra que el país está financiando con recursos públicos y familiares las consecuencias de un consumo influenciado por precios bajos, amplio acceso y estrategias comerciales que alcanzan a niñas, niños y adolescentes.

Un llamado al Congreso: impuestos basados en salud pública

Las organizaciones firmantes señalan que Colombia carece de impuestos diseñados desde un enfoque de salud pública, lo que contribuye a mantener precios históricamente bajos y estímulos que favorecen un consumo creciente. El esquema tributario actual, además de otorgar beneficios a ciertos tipos de bebidas —especialmente la cerveza—, excluye productos emergentes dirigidos a poblaciones jóvenes.

La evidencia internacional coincide: los impuestos al alcohol son la medida más eficaz, rápida y equitativa para reducir daños, prevenir muertes, disminuir la carga del sistema de salud y proteger especialmente a la niñez, la juventud y los hogares más vulnerables.

El pronunciamiento de la sociedad civil propone cuatro acciones concretas al Gobierno Nacional y al Congreso:

Rediseñar el impuesto al alcohol con enfoque de salud pública, corrigiendo vacíos normativos e incluyendo adecuadamente a todas las categorías, especialmente la cerveza.
Aumentar de forma sustantiva los impuestos siguiendo criterios científicos y libres de conflicto de interés.
Blindar el proceso de formulación de política pública frente a la interferencia de actores económicos.
Garantizar que los recursos recaudados se orienten a la prevención, la salud y el bienestar social.

Además, exhorta a que se actualice la política pública de alcohol, acorde con la mejor evidencia disponible, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional.

Una decisión que podría cambiar la salud del país

El mensaje de las organizaciones es contundente: La evidencia existe, las soluciones están claras y el momento de actuar es ahora. La carga del alcohol no solo afecta a quienes consumen, sino también a quienes enfrentan violencia, siniestralidad vial, entornos inseguros y deterioro de la convivencia.

Colombia se suma así a un movimiento regional que busca construir políticas más justas, proteger la vida y reducir las inequidades. La expectativa ahora recae sobre el Congreso, llamado a adoptar una decisión que podría marcar un antes y un después en la salud pública del país.

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