Aumento del salario mínimo por decreto reabre debate jurídico y económico en Colombia
Por: Redacción Combo Tropical Noticias.
Barranquilla, El anuncio del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo en un 23,7 % mediante decreto, tras no lograrse concertación en la mesa tripartita, ha reactivado un debate de fondo en Colombia: ¿puede un aumento de esta magnitud garantizar el mínimo vital sin poner en riesgo la sostenibilidad empresarial y el empleo formal?
La discusión no es menor. Más allá del impacto en el ingreso mensual del trabajador, el verdadero efecto se refleja en el costo total de la nómina, una variable que incide directamente en la viabilidad de las empresas, especialmente MiPymes, tiendas de barrio y unidades productivas familiares, que constituyen más del 90 % del tejido empresarial del país.
El impacto real: más allá del salario de bolsillo.
Un análisis basado en datos reales de una empresa colombiana, sistematizados por ObservadoresCol Data & Analytics, evidencia que el incremento del salario mínimo no solo eleva el ingreso base, sino que dispara el costo laboral total anual por trabajador.
Según la tabla:
El costo anual por trabajador pasaría de $29.184.617 en 2024 a $35.918.347 en 2025.
Esto representa un incremento real de $6.733.730 anuales por cada empleado.
En términos prácticos, el costo mensual para la empresa se elevaría a $2.993.196 por trabajador.
Para empresas medianas, este aumento se traduce en miles de millones de pesos adicionales al año. Para MiPymes, tiendas de barrio y pequeños comercios, el impacto es aún más crítico, al no contar con márgenes financieros ni alivios estructurales que absorban este choque.
El precedente jurídico de 2016.
El escenario actual recuerda el antecedente de 2016, cuando el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el salario mínimo, no por el monto, sino por la falta de una motivación técnica suficiente, señalando que el Gobierno debía demostrar cómo se garantizaba el mínimo vital sin afectar el equilibrio entre trabajo, empresa y empleo formal.
Ese precedente sigue vigente. El alto tribunal dejó claro que:
La ausencia de concertación no exime al Gobierno de justificar técnica y constitucionalmente su decisión.
El salario mínimo debe proteger el mínimo vital, pero también la función social de la empresa.
MiPymes, tiendas de barrio e independientes: los más expuestos
Economistas y analistas laborales advierten que un aumento desproporcionado:
incentiva la informalidad laboral,
reduce la contratación formal, presiona el cierre de pequeños negocios, y afecta directamente al trabajador independiente, quien no cuenta con respaldo empresarial ni subsidios.
En el Caribe colombiano, donde predomina la microempresa, el comercio barrial y el autoempleo, el impacto podría sentirse con mayor fuerza.
Un debate que apenas comienza.
El decreto presidencial, una vez expedido, podrá ser demandado ante el Consejo de Estado, que evaluará si el Gobierno cumplió con los principios constitucionales de proporcionalidad, sostenibilidad y equilibrio económico.
El debate ya no es político, sino jurídico y estructural:
cómo garantizar mejores ingresos para el trabajador sin sacrificar empleo, empresa y estabilidad económica.
Combo Tropical Noticias
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