Juristas rechazan decisión judicial que ordena detención inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

 

Por: Gabriel Briñez Vanegas

Editor – Combo Tropical Noticias

Una fuerte reacción ha generado en distintos sectores jurídicos del país la reciente decisión de la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la privación inmediata de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que la sentencia aún no se encuentra en firme.

En un comunicado público, un grupo de más de 60 juristas –autodenominado “El Grupo de los 38”, en alusión a los firmantes iniciales– manifestó su profunda preocupación y desconcierto frente a lo que consideran una vulneración a principios fundamentales del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

Según los firmantes, la medida contraviene el principio de presunción de inocencia y no se sustenta en los supuestos que permitirían, bajo el marco constitucional e internacional, una detención preventiva: evitar la fuga, asegurar la comparecencia al proceso o prevenir una obstrucción a la justicia.

> “En un Estado democrático de derecho, la regla general es la libertad personal y la excepción es la prisión preventiva”, señala el comunicado, subrayando que no existen motivos legítimos ni riesgo procesal que justifiquen la medida adoptada.

Los juristas también cuestionan que la decisión se haya fundamentado en supuestos actos dilatorios de la defensa, advirtiendo que el uso de los recursos procesales no puede ser considerado como una estrategia obstruccionista, sino como parte legítima del derecho de defensa.

Asimismo, rechazan el argumento del riesgo de fuga, recordando que el exmandatario ha acudido puntualmente a todas las citaciones judiciales y ha demostrado disposición a responder ante la justicia.

El comunicado va más allá y señala que la decisión podría ser una muestra de politización del proceso, y llama a las instancias superiores de la rama judicial a revisar el fallo “con independencia, imparcialidad y rigor jurídico”.

> “La utilización excesiva de la privación de libertad se convierte en una suerte de pena anticipada, lo cual es inadmisible en cualquier sistema respetuoso del debido proceso”, afirman los firmantes.

Finalmente, hacen un llamado urgente a defender las garantías fundamentales y a evitar que la justicia sea usada como instrumento de persecución política, advirtiendo que este tipo de decisiones ponen en riesgo la legitimidad del poder judicial y del propio Estado de Derecho.

Fuente: Comunicado oficial del Grupo de los 38 Juristas.

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Redacción: Gabriel Briñez V. – Editor CTN