PROCURADURÍA SANCIONA A FUNCIONARIOS DE LA SIC POR EXTRALIMITACIÓN EN VISITAS A ENTIDADES PÚBLICAS.

- marzo 18, 2026

Escrito por: Claudia Arregocés C

Directora Combo Tropical Noticias.

En un fallo de primera instancia que sienta un precedente sobre los límites del poder administrativo, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, quien se desempeñaba como superintendente delegado de la SIC en 2024. La medida, que vincula a otros 15 colaboradores, se originó tras comprobarse que el equipo de inspección abusó de sus funciones al extraer información sensible y privada de la Registraduría Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 12 y el 21 de marzo de 2024, vulnerando derechos fundamentales bajo el pretexto de investigar presuntas irregularidades contractuales.

Maniobras fraudulentas en la recolección de datos.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el equipo comisionado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actuó bajo la fachada de "El Despacho" para presionar el acceso a dispositivos móviles, tanto personales como institucionales. El objetivo declarado era verificar posibles prácticas fraudulentas en los contratos de la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes y cédulas; sin embargo, en la práctica, los funcionarios recolectaron datos que excedían por completo su competencia legal.

El ente de control fue enfático al señalar que este actuar irregular puso en riesgo la reserva legal en temas críticos como procesos de extradición y refugio. Al realizar "espejos forenses" (réplicas digitales exactas) de los dispositivos, los implicados accedieron a información que nada tenía que ver con la libre competencia, desviando el objeto inicial de las visitas administrativas.

Violación a la intimidad y al Habeas Data.

La gravedad de los hechos radica en la exposición de datos protegidos. La Procuraduría determinó que las actuaciones de los sancionados pisotearon el derecho a la intimidad y al habeas data, al incluir en sus hallazgos censos electorales, historiales clínicos y detalles de procesos judiciales. Esta conducta no solo afectó la integridad de los ciudadanos implicados, sino que fracturó la confianza pública en las instituciones encargadas de vigilar la transparencia en el mercado.

Además del superintendente delegado, la sanción alcanzó a los profesionales Mario Alejandro Franco, Martha Liliana Fandiño y Yolanda Hernández, quienes recibieron suspensiones de 9 meses. Por su parte, 12 contratistas vinculados a la inspección fueron multados con 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y quedaron inhabilitados para contratar con el Estado durante los próximos cinco años.

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Futuro del proceso.

Tras la notificación de este fallo de primera instancia, se espera que los implicados hagan uso de los recursos de ley para apelar la decisión. Por ahora, el Ministerio Público ha dejado claro que, en caso de que los sancionados ya no ocupen sus cargos, la suspensión se convertirá en una sanción económica equivalente, manteniendo en firme la inhabilidad para ejercer funciones públicas.

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