Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a jueza de Justicia Penal Militar en Barranquilla por acoso laboral
Escrito por: Claudia Arregocés Castellanos, Directora Combo Tropical Noticias.
El acoso laboral en el sector público se ha convertido en una de las conductas disciplinarias más vigiladas por los organismos de control en Colombia. La Procuraduría General de la Nación ha reforzado en los últimos años las investigaciones contra funcionarios que, desde posiciones de poder, incurren en maltrato, persecución o conductas que deterioran el clima laboral.
Dentro de la Justicia Penal Militar, estas actuaciones adquieren mayor sensibilidad institucional debido al principio de jerarquía y disciplina que rige a la Fuerza Pública. Por ello, las decisiones disciplinarias contra altos mandos buscan enviar un mensaje de cero tolerancia frente a prácticas que vulneren la dignidad de los servidores públicos.
Destitución e inhabilidad por 10 años.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años a la teniente coronel y jueza 1ª de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, Heidy Johaana Zuleta Gómez, tras encontrarla responsable de acoso laboral contra una subalterna con grado de mayor.
Según el ente de control, la sancionada incurrió en conductas de maltrato y persecución dentro del marco de la relación laboral y profesional con la víctima.
Conductas comprobadas por el ente de control.
La Procuraduría estableció que la funcionaria:
Ridiculizó a la subalterna por su equipo de cómputo.
Realizó alusiones a su vida íntima y personal.
Utilizó su antigüedad y jerarquía para intimidarla.
De acuerdo con la evaluación psicológica citada en el fallo, estas actuaciones generaron ansiedad y depresión en la víctima.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo, al considerar que se vulneraron el deber funcional y el principio de moralidad administrativa.
Impacto institucional y análisis económico.
Más allá del ámbito disciplinario, este tipo de decisiones tiene efectos en varios niveles:
1. Riesgo reputacional institucional.
Los fallos por acoso laboral en la Justicia Penal Militar pueden afectar la percepción de confianza en la administración de justicia castrense, especialmente en entornos donde la jerarquía es determinante.
2. Costos laborales y administrativos.
Casos de acoso laboral suelen derivar en:
incapacidades médicas
procesos de atención psicológica
posibles litigios y demandas contra el Estado
Estos factores representan costos indirectos para el erario y para la eficiencia operativa de las instituciones.
3. Señal disciplinaria al sector público.
La sanción envía un mensaje preventivo a funcionarios con personal a cargo: el uso indebido de la jerarquía puede derivar en sanciones severas, incluida la inhabilidad prolongada para ejercer cargos públicos.
Estado del proceso.
El fallo corresponde a primera instancia, por lo que contra la decisión proceden los recursos de ley dentro del proceso disciplinario.
La Procuraduría reiteró que continuará vigilando el comportamiento de los servidores públicos para garantizar ambientes laborales respetuosos y acordes con la función estatal.
Fuente: Procuraduría General de la Nación.
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