Procuraduría advierte sobre restricciones a vigilancia electoral: impacto económico y político en la próxima jornada electoral

- marzo 05, 2026

Escrito por: Claudia Arregocés Castellanos, Directora Combo Tropical Noticias.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su titular Gregorio Eljach, expresó su “preocupación” por las limitaciones impuestas por el Gobierno al uso de dispositivos móviles por parte de los servidores del Ministerio Público en los puestos de votación, situación que podría afectar el ejercicio pleno de la vigilancia constitucional durante los próximos comicios.

Según el comunicado oficial, la restricción está consignada en el decreto 0183 del 27 de febrero, mediante el cual se reglamentaron aspectos clave del proceso electoral. La Procuraduría hizo un llamado al Ministerio del Interior para que revise estas medidas y permita que los funcionarios puedan utilizar sus celulares para adelantar sus labores de control y supervisión electoral.

El impacto de esta limitación no es solo jurídico, sino también económico. La vigilancia efectiva de los comicios garantiza transparencia, confianza en los resultados y estabilidad institucional, factores clave para la inversión y la seguridad del mercado. La incertidumbre sobre la fiscalización de los procesos electorales puede generar desconfianza entre los agentes económicos y afectar la percepción internacional de la solidez democrática del país, con potenciales repercusiones en la inversión extranjera y la actividad empresarial.

El Procurador Eljach insistió en que “con urgencia se tomen los correctivos en aras de garantizar el pleno ejercicio de nuestras competencias”, señalando que la disponibilidad de dispositivos electrónicos es esencial para cumplir con el mandato constitucional de supervisión.

El Ministerio del Interior no ha accedido a revisar las limitaciones señaladas en el decreto 0183, lo que motivó la advertencia pública de la Procuraduría sobre la necesidad de corregir la situación antes de las elecciones, para asegurar que el Ministerio Público pueda cumplir con su labor de vigilancia y protección del proceso democrático.

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