Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato de la Policía de Sabanalarga.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Gobernación del Atlántico y una particular que ejercía funciones públicas, para establecer si se presentaron posibles irregularidades en el desarrollo, la ejecución y la supervisión de un contrato destinado a construir el comando de Policía de Sabanalarga durante 2024.
Desarrollo del hecho.
De acuerdo con el boletín divulgado por la Procuraduría el 9 de octubre de 2026, las personas vinculadas a la actuación disciplinaria son Ana María Navarro Mora, funcionaria de la Gobernación del Atlántico, y Osiris Georgina Suárez Molina, representante legal del consorcio encargado del contrato.
El organismo de control busca establecer si durante la ejecución contractual se habrían autorizado pagos sin el cumplimiento de los objetos contractuales, realizado dobles pagos por determinados costos o cancelado conceptos correspondientes a obligaciones que debían ser asumidas por el contratista.
Según la información oficial, la investigación examinará las actuaciones de las dos personas desde sus respectivas funciones: Navarro Mora, en calidad de supervisora del contrato, y Suárez Molina, como representante legal del consorcio.
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente ocurrieron las situaciones objeto de investigación.
La apertura de esta actuación disciplinaria constituye una etapa de investigación. Por tanto, las posibles irregularidades señaladas por el organismo de control no equivalen a una declaración de responsabilidad disciplinaria de las personas involucradas.
Análisis estructural.
El caso pone la atención sobre dos componentes fundamentales de la contratación pública: la supervisión ejercida por la entidad estatal y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista.
La supervisión contractual permite verificar que las actividades, los bienes o las obras contratadas correspondan a lo pactado y que los pagos tengan el respaldo exigido. Por su parte, el contratista debe responder por las obligaciones establecidas en el contrato.
Las situaciones descritas en el boletín plantean interrogantes sobre la correspondencia entre los pagos, los compromisos contractuales y las responsabilidades de quienes participaron en la ejecución del proyecto. Sin embargo, determinar si existieron incumplimientos o pagos irregulares exige examinar los documentos y las pruebas que hacen parte de la actuación.
En esta etapa no se dispone, dentro de la información suministrada, del valor total del contrato, el monto de los pagos cuestionados, el porcentaje de avance de la obra ni el detalle de los ítems presuntamente afectados. Tampoco se incluyen las explicaciones de las personas investigadas.
Estos elementos serán relevantes para comprender el alcance económico y administrativo del caso, siempre que puedan establecerse mediante documentos oficiales.
Impacto local: vigilancia sobre la contratación pública en el Atlántico.
La construcción del comando de Policía de Sabanalarga vincula la investigación con un proyecto de infraestructura destinado al servicio policial en el municipio.
El esclarecimiento de las posibles irregularidades resulta relevante para el seguimiento ciudadano a la contratación pública departamental, especialmente en lo relacionado con la ejecución de los recursos, la verificación de las obras y la responsabilidad de los actores contractuales.
No obstante, el boletín de la Procuraduría no permite establecer que la obra se encuentre paralizada, que haya ocasionado pérdidas económicas determinadas o que el servicio policial esté afectado. Cualquiera de esas conclusiones requeriría información adicional debidamente verificada.
Para la ciudadanía de Sabanalarga y del Atlántico, el desarrollo de la investigación permitirá conocer si las situaciones examinadas tuvieron consecuencias sobre la ejecución del proyecto y si corresponde adoptar medidas disciplinarias.
Conclusión periodística.
La investigación abierta por la Procuraduría busca esclarecer posibles irregularidades en la ejecución y supervisión del contrato para construir el comando de Policía de Sabanalarga durante 2024. La práctica de pruebas documentales será fundamental para establecer qué ocurrió, determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan y precisar si hubo incumplimientos en el manejo contractual.
Combo Tropical Noticias continuará atento a la información oficial que permita conocer los avances y resultados de la actuación, manteniendo la presunción de inocencia y el rigor en la presentación de los hechos.
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