REGISTRADURÍA INSISTE EN FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN DE MENORES PARA COMBATIR LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró este 28 de julio de 2026 la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para prevenir la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El pronunciamiento fue realizado por el registrador nacional, Hernán Penagos, durante un conversatorio sobre violencia sexual contra menores desarrollado en Medellín.
DESARROLLO DEL HECHO.
Durante el encuentro, el registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que el registro civil y la identificación constituyen una herramienta determinante para reducir la vulnerabilidad de los menores frente a delitos como la trata, el tráfico y la violencia sexual.
Según explicó, un niño o adolescente que no cuenta con un documento de identidad enfrenta mayores riesgos de vulneración de sus derechos, debido a las dificultades para acreditar su identidad y edad ante las autoridades competentes.
El funcionario señaló que, de acuerdo con las cifras presentadas durante su intervención, cerca de 166 millones de niños y niñas en el mundo no poseen un documento de identidad. En América Latina la cifra ronda los cuatro millones, mientras que en Colombia existen aproximadamente 700.000 personas sin identificar, entre ellas un número importante de menores de edad.
Penagos sostuvo que avanzar en la identificación oportuna de niños, niñas y adolescentes permite dificultar el tránsito ilegal de menores, facilita la verificación de la edad por parte de los organismos judiciales y contribuye a prevenir la venta y el tráfico de menores.
Asimismo, hizo un llamado a las entidades del Estado para articular esfuerzos permanentes que permitan garantizar el registro oportuno de esta población y fortalecer las acciones preventivas frente a estos delitos.
El Registrador también advirtió que el desafío es especialmente importante en zonas vulnerables y regiones fronterizas, donde la ausencia de identificación incrementa los riesgos de explotación y otras formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. Finalmente, destacó el seguimiento que realiza la Corte Constitucional a sentencias relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de los menores y reiteró la disposición de la Registraduría para trabajar conjuntamente en esta materia.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
La Registraduría plantea que la identificación temprana no constituye únicamente un trámite administrativo, sino una medida de protección de derechos fundamentales. Contar con registro civil e identificación facilita la actuación de las autoridades judiciales, fortalece los mecanismos de control institucional y reduce escenarios aprovechados por redes dedicadas a la trata y explotación de menores.
El planteamiento también evidencia la necesidad de coordinación entre entidades nacionales, autoridades territoriales y organismos de protección para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes accedan oportunamente a su identidad legal.
IMPACTO LOCAL.
Para Barranquilla y el Caribe colombiano, donde convergen actividades comerciales, portuarias, turísticas y migratorias, el fortalecimiento de los procesos de identificación representa un elemento relevante para la protección integral de la infancia.
La articulación entre Registraduría, autoridades locales, organismos de infancia y entidades judiciales puede contribuir a reforzar las estrategias de prevención frente a delitos que afectan a menores, especialmente en poblaciones vulnerables y territorios con alta movilidad de personas. Al mismo tiempo, estos esfuerzos fortalecen la institucionalidad y generan mayores condiciones de confianza para el desarrollo social y económico de la región.
CONCLUSIÓN PERIODÍSTICA.
El mensaje de la Registraduría Nacional centra la atención en un aspecto esencial de la protección de la niñez: garantizar que todos los menores cuenten con una identidad legal. La entidad considera que este proceso constituye una herramienta preventiva frente a la trata, el tráfico y la explotación sexual, por lo que insiste en la necesidad de una acción coordinada entre las instituciones responsables de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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