Denuncian contratos por $58.590 millones del Fondo para la Igualdad, días después de ordenarse liquidación del MinIgualdad









Escrito por: Claudia I Arregocés C. 
Directora – Combo Tropical Noticias.



La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, denunció tres contratos suscritos por el Fondo para la Igualdad durante junio de 2026 por un total de $58.590 millones, relacionados con el programa Jóvenes en Paz. Los acuerdos se firmaron incluso después de que el Gobierno Nacional ordenara la liquidación del Ministerio de Igualdad, el 19 de ese mismo mes.


DESARROLLO DEL HECHO: 

El 19 de junio de 2026, el Gobierno Nacional expidió el acto administrativo que ordenó la liquidación del Ministerio de Igualdad, en cumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que creó esa cartera. A partir de esa fecha, el Fondo para la Igualdad debía limitarse a culminar los procesos vigentes y no contraer nuevas obligaciones.


Pese a ello, se suscribieron tres contratos en fechas posteriores:


  • El 1 de junio: Evaluación del programa Jóvenes en Paz, con el Grupo Empresarial de Consultores e Interventores S.A.S. BIC, por $8.422 millones. La congresista señala que esta labor podía ser realizada por los más de 5.000 funcionarios, temporales y contratistas ya vinculados al Ministerio y al Fondo.

  • El 4 de junio: Espacio de emprendimiento, con Mercadeo Estratégico S.A.S., por $19.893 millones. Se advierte que el monto contratado resulta elevado en relación con el objeto del acuerdo.




  • El 26 de junio: Personal en misión para Jóvenes en Paz, con Laborando S.A.S., por $30.275 millones, para la vinculación de 1.270 personas. Este contrato se firmó siete días después de la orden de liquidación.

La senadora solicitó a los organismos de control revisar la legalidad de los acuerdos y determinar si existieron irregularidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales en su celebración y ejecución.






ANÁLISIS ESTRUCTURAL: 





Senadora Del Centro Democrático:  Maria Clara Posada

 


El hecho se enmarca en el proceso de cierre de una entidad creada por una norma declarada contraria a la Constitución. La orden de liquidación implica un cese de nuevas actividades para concentrarse solo en la conclusión de compromisos adquiridos con anterioridad. La firma de contratos después de esa medida plantea dudas sobre el cumplimiento de las directrices oficiales y la adecuada administración de los recursos públicos.


IMPACTO LOCAL: 


Si se confirman las presuntas irregularidades, se vería afectada la confianza en el manejo de recursos destinados a programas dirigidos a la población joven, grupo de especial relevancia en el Caribe colombiano. El programa Jóvenes en Paz busca generar oportunidades en regiones con presencia de violencia, por lo que cualquier duda sobre su gestión impacta directamente en la percepción de inversión social y en la posibilidad de que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios. Asimismo, se suma a los debates sobre la eficiencia y la transparencia en la creación y disolución de entidades públicas en el país.


CONCLUSIÓN PERIODÍSTICA: 

La denuncia presentada pone sobre la mesa la necesidad de revisar el cumplimiento de las normas que regulan la liquidación de entidades estatales y el uso de los recursos públicos. Queda en manos de los organismos de control determinar la veracidad de las presuntas inconsistencias y establecer las responsabilidades a que haya lugar.



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