Comunicado del El Ministerio de Defensa y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
El Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, informan a la comunidad nacional e internacional que, en el marco del cese al fuego bilateral temporal entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, las partes han pactado un Protocolo que contiene las herramientas para su implementación, incluido el establecimiento de un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos.
Como en los demás ceses, no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. La Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado.
El Mecanismo tendrá un nivel nacional y un nivel local, que incluirá a delegados del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente internacional. Así mismo contará con el acompañamiento de miembros acreditados de la sociedad civil, la Iglesia Católica y otras expresiones de iglesias.
Este Protocolo firmado entre el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, a través de su jefe de delegación, busca ser un instrumento para el desescalamiento de la confrontación armada y una herramienta de facilitación para el proceso de negociación entre las partes.
El Protocolo dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central FARC-EP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil.
La Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos en el protocolo suscrito, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad de todos los colombianos.
Este paso permitirá abordar, a la mayor prontitud posible, asuntos propios de las hostilidades a partir del escenario de conversaciones. La reconstrucción del Estado Social Ambiental de Derecho es cierto y verdadero.
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