Prosperidad Social mantiene su compromiso en la lucha contra la corrupción

En relación con declaraciones de la Contraloría General de la República derivadas de la Auditoría de Cumplimiento del programa “Fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura social y hábitat para la paz total a nivel nacional. Vigencias 2020 a 2023 y primer semestre del 2024", realizada a Prosperidad Social, la entidad se permite manifestar lo siguiente:

Como lo señala la Contraloría General de la República “solo se pudieron revisar $58.000 millones de una muestra de $2.5 billones, en dos grandes proyectos del DPS de las vigencias 2020- 2024 y $ 375.000 millones a través de los entes territoriales”.

Ninguno de estos convenios fue suscrito entre agosto de 2022 y junio de 2024, ello significa que NINGÚN CONVENIO CORRESPONDE AL PERIODO DEL ACTUAL GOBIERNO.

1. Desde el 29 de abril de 2024, el Director General de Prosperidad Social solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que realizara una auditoría a todos los procesos contractuales de Prosperidad Social, principalmente a los convenios de infraestructura, porque se identificaron más de 100 elefantes blancos, que aún no se habían terminado ni entregado a la comunidad. 

2. En respuesta al acompañamiento solicitado, la Contraloría anuncia, en el mes de julio de 2024, el inicio de una auditoría de cumplimiento de los proyectos de infraestructura social en todo el país, tomando como muestra 892 convenios interadministrativos suscritos entre Prosperidad Social y diferentes entidades territoriales, así como gerencias integrales, en los que se identificó lo siguiente:

• 459 convenios fueron celebrados en el periodo comprendido entre 2011 y 2017.

• ⁠433 convenios corresponden al periodo 2018 a 2022.

Es importante destacar que, del total de convenios reportados, el 44% corresponde exclusivamente a la vigencia 2021, lo que refleja una concentración significativa de la actividad contractual en ese año.

Asimismo, se evidencia que no se encuentran convenios suscritos entre agosto de 2022 y junio de 2024, ello significa que ningún convenio corresponde al periodo del actual gobierno.

3. Una vez notificada la auditoría, el Director General de Prosperidad Social organizó todo el equipo para facilitar la información a la CGR, encontrando que la información solicitada no estaba disponible en los expedientes contractuales, ni en los sistemas de información de la entidad, situación que confirmó la apreciación que dio origen a la solicitud presentada al ente de control: 

a. La información se encuentra dispersa en múltiples aplicativos (SGMO, SECOP, DELTA, SICON, SIIF, archivos físicos, etc.).

b. Muchos expedientes no contenían los soportes de pago de las contrataciones derivadas realizadas por los entes territoriales a los que se les entregaron los recursos.

c. Se requirió realizar búsquedas manuales y por convenio, lo que implicó una gran carga operativa.

d. El proceso de digitalización fue limitado por capacidad tecnológica insuficiente.

e. Existieron dificultades para ubicar documentos legibles o completos, especialmente para vigencias anteriores a 2020.

4. Las anteriores conclusiones se expusieron con detalle en la comunicación que Prosperidad Social envió del 17 de octubre de 2024 con radicado S-2024-1000-0552865 dirigida a la CGR.

5. Desde Prosperidad Social se aportaron los documentos con los que contaba la entidad; sin embargo, no fue posible obtener información de las vigencias auditadas, ya que dicha documentación no se encuentra de forma integral en los archivos de la entidad.

6. Somos conscientes de que la labor de la CGR fue ardua, al igual que la actual administración, con el fin de recabar la información de los convenios objeto de la muestra.

7. Como abanderado de la lucha contra la corrupción, el Director General de Prosperidad Social agradece el trabajo de la Contraloría, y ha informado de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación y solicitado la investigación, y a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones a las que haya lugar.

8. Una vez que se conozca el informe de la CGR, se visitará uno a uno los proyectos en alianza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para determinar el estado actual de cada uno.

Esperamos que este documento contribuya a aclarar las dudas que se han tendido en torno a esta compleja situación, enfatizando el compromiso y la disposición permanente e irrestricta que le asiste a toda la entidad, empezando por la Dirección General, de hacer todo lo necesario para ser dignos de la confianza ciudadana y que los colombianos puedan contar siempre con las explicaciones a que tienen derecho sobre el manejo de los recursos públicos cuya administración se nos ha encomendado.