Consejo de Estado ratifica fallo para reducir tarifas de energía en el Caribe; Personerías aseguran que el Gobierno aún incumple el desmonte total del régimen especial
Escrito por: Claudia I Arregocés C.
Directora– Combo Tropical Noticias
El Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena adoptar medidas para reducir las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe. No obstante, los personeros de Barranquilla y Santa Marta afirman que el Gobierno Nacional aún no ha ejecutado completamente el desmonte del régimen tarifario especial, al mantener vigente la sobretasa de comercialización que continúa afectando a millones de usuarios.
Los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, destacaron la decisión del Consejo de Estado que confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro de la Acción Popular promovida para proteger los derechos colectivos de los usuarios del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Los representantes del Ministerio Público calificaron la decisión como un respaldo definitivo a las medidas encaminadas a garantizar tarifas más justas y equitativas para los usuarios de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba.
Según el boletín oficial divulgado por las Personerías, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adelantó los procesos regulatorios ordenados por la justicia y expidió 17 resoluciones y actos administrativos. Entre ellos figura la eliminación del cobro por pérdidas derivadas del robo de energía que únicamente se aplicaba a los usuarios de la Costa Caribe.
Sin embargo, los personeros sostienen que aún permanece pendiente la expedición de la resolución definitiva que eliminaría la sobretasa de comercialización, un cargo que actualmente pagan los usuarios atendidos por Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira, así como los clientes de Afinia en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. De acuerdo con el comunicado, dicha resolución superó todos los trámites técnicos y jurídicos desde finales de 2025, pero todavía no ha sido presentada para su aprobación definitiva.
Los funcionarios también recordaron que la propia CREG informó en una comunicación enviada al Gobierno Nacional el 28 de noviembre de 2025 que las medidas regulatorias implementadas ya habían generado una disminución importante en el costo unitario de la energía.
Según esas cifras, el costo unitario en el mercado de Air-e disminuyó un 26 %, al pasar de 1.072 pesos por kilovatio-hora a 795 pesos por kilovatio-hora. En el caso de Afinia, la reducción alcanzó el 10 %, pasando de 1.007 pesos a 906 pesos por kilovatio-hora.
Asimismo, la CREG habría advertido al Gobierno que prolongar el régimen transitorio especial podría interpretarse como un incumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, ya que la nueva metodología tarifaria permitiría desmontar definitivamente dicho régimen.
El origen de esta controversia se encuentra en el régimen tarifario especial creado tras la liquidación de Electricaribe, con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera de los nuevos operadores del servicio eléctrico en la región Caribe.
Ese esquema permitió incorporar dentro de la tarifa costos adicionales relacionados con la comercialización y con parte de las pérdidas del sistema eléctrico. Diversos sectores sociales y autoridades territoriales consideraron que estos componentes terminaron trasladando una carga económica desproporcionada a los usuarios, razón por la cual promovieron acciones judiciales para revisar la fórmula tarifaria.
El proceso también refleja la interacción entre las decisiones de la Rama Judicial, la regulación técnica de la CREG y la ejecución administrativa del Gobierno Nacional, instituciones que deben coordinarse para cumplir las órdenes judiciales sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.
La revisión de los modelos tarifarios no es exclusiva de Colombia. Durante los últimos años, numerosos países de América Latina y Europa han ajustado sus esquemas regulatorios debido al incremento de los costos internacionales de generación, transmisión y comercialización de energía, impulsados por la inflación global, el aumento de los precios de los combustibles y las tensiones geopolíticas.
En ese contexto, organismos internacionales han recomendado fortalecer los marcos regulatorios para garantizar tarifas sostenibles que permitan mantener la inversión en infraestructura, sin afectar de manera desproporcionada a los consumidores.
Impacto local (Colombia y Región Caribe)
La eventual eliminación definitiva del régimen tarifario especial podría traducirse en un alivio económico para cerca de tres millones de usuarios del Caribe colombiano, reduciendo los costos de operación para hogares, pequeños negocios, industrias y establecimientos comerciales.
Un menor costo de la energía también favorecería sectores estratégicos como el turismo, el turismo de salud, el comercio, el emprendimiento, la hotelería y la industria, al mejorar la competitividad de la región y hacer más atractivo el Caribe colombiano para nuevas inversiones.
Desde el punto de vista social, menores tarifas permitirían aumentar la capacidad de consumo de los hogares y aliviar el impacto del costo de los servicios públicos sobre la economía familiar.
No obstante, expertos también advierten que cualquier modificación del esquema tarifario deberá garantizar la sostenibilidad financiera de los operadores del servicio y asegurar recursos suficientes para continuar las inversiones en infraestructura, modernización de redes y reducción de pérdidas de energía.
Conclusión periodística de Combo Tropical Noticias
La ratificación del Consejo de Estado representa un respaldo definitivo a las decisiones judiciales que buscan corregir el esquema tarifario aplicado durante los últimos años en la región Caribe. Aunque la CREG asegura haber avanzado en la implementación de las medidas regulatorias ordenadas por la justicia, las Personerías de Barranquilla y Santa Marta sostienen que aún falta ejecutar el paso definitivo para desmontar completamente el régimen especial. El desarrollo de este proceso será determinante para definir el futuro de las tarifas eléctricas y el equilibrio entre la protección de los usuarios y la sostenibilidad del sistema energético colombiano.
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