Revelan audios de presunto pacto entre funcionarios del Gobierno y cabecillas del Clan del Golfo: información a cambio de bienes de la SAE
Escrito por: Claudia I Arregocés C.
Directora – Combo Tropical Noticias.
La revista SEMANA publicó el 14 de agosto de 2026 fragmentos de una grabación de una reunión realizada el 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la que funcionarios del Gobierno habrían ofrecido bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a intermediarios vinculados a dos cabecillas del Clan del Golfo, a cambio de información de inteligencia. El entonces director de la DNI, Jorge Lemus, reconoció ante SEMANA que se hicieron ofrecimientos, aunque aseguró que ningún acuerdo se materializó.
DESARROLLO DEL HECHO.
Según la investigación publicada por SEMANA, en la reunión del 18 de julio de 2025 participaron Manuel Antonio Castañeda, conocido como alias «el Narcochofer», intermediario presentado como fuente de inteligencia; Gustavo Arias, entonces director de Contrainteligencia; Jorge Lemus, entonces director de la DNI; y un analista encargado de registrar la reunión.
Castañeda expuso que dos cabecillas del Clan del Golfo —alias «Falcon» y «Fortuna», entonces presos en Estados Unidos y próximos a quedar en libertad— estaban dispuestos a entregar información de manera progresiva. A cambio, solicitaban que se les facilitara la administración de bienes de la SAE mediante un tercero y, eventualmente, condiciones favorables para su retorno al país.
Se menciona que el primer acercamiento se habría realizado con el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Como muestra inicial de colaboración, se habría entregado información que permitió una incautación de armas en Puerto Boyacá, Magdalena Medio.
En la conversación se alerta también sobre entregas de armamento que se realizarían el 20 de julio de 2025, entre el cual figuraban artefactos explosivos, un fusil, equipo de dron y granadas, supuestamente vinculados a amenazas contra el presidente Gustavo Petro y la entonces vicepresidenta Francia Márquez.
El exdirector de la DNI, Jorge Lemus, reconoció ante SEMANA que se hicieron ofrecimientos sobre bienes de la SAE, pero aclaró que correspondían a gestiones para motivar la entrega de información y que nunca llegaron a ejecutarse. Añadió que este tipo de ofrecimientos no estaban dentro de sus funciones.
Por su parte, el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, negó haber pactado acuerdo alguno, aunque confirmó haber recibido información del intermediario y haberla trasladado al presidente, ordenándose la verificación y hallándose el armamento mencionado. Otras autoridades mencionadas en la publicación —el exsecretario de Transparencia Andrés Idárraga y el excomandante del Ejército Luis Emilio Cardozo— reconocieron haber recibido al intermediario y haber verificado parcialmente la información, sin admitir compromisos a cambio de bienes.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
El hecho plantea interrogantes sobre los canales formales e informales utilizados por las autoridades de inteligencia y seguridad del Estado para obtener información. Según la versión publicada, se habrían establecido ofrecimientos de bienes y beneficios administrativos por fuera de los procedimientos legales vigentes, lo que, de confirmarse, podría implicar trasgresión de funciones y falta de respeto a la independencia de entidades como la SAE y la Fiscalía.
La publicación presenta también versiones divergentes entre los funcionarios involucrados: mientras Lemus reconoce el ofrecimiento pero niega su cumplimiento, otros funcionarios mencionados limitan su intervención a la recepción y verificación de información sin admitir compromisos de contraprestación. La grabación divulgada constituye hasta el momento el principal elemento de juicio aportado por la fuente periodística.
IMPACTO LOCAL.
El caso tiene relación directa con el Caribe colombiano: los cabecillas mencionados, «Falcon» y «Fortuna», han estado vinculados con rutas y actividades del narcotráfico que operan desde el departamento del Magdalena y zonas cercanas a Santa Marta y Cartagena. Las amenazas e incautaciones mencionadas también se refieren en parte a territorios de la región.
- Seguridad ciudadana: La posibilidad de que autoridades pacten con presuntos cabecillas sin sujeción a procedimientos conocidos genera incertidumbre sobre el manejo de amenazas contra funcionarios públicos y habitantes del Caribe.
- Institucionalidad: Se cuestiona la transparencia y el control sobre los bienes administrados por la SAE, muchos de los cuales provienen de organizaciones que operan en la región.
- Desafío: Existe la necesidad de que las investigaciones que se abran determinen con claridad qué compromisos se asumieron, quién los autorizó y qué alcance tuvieron, para evitar que se comprometa la confianza en las entidades de seguridad e inteligencia con presencia en el territorio.
CONCLUSIÓN PERIODÍSTICA.
SEMANA ha aportado elementos que sugieren que funcionarios del Gobierno habrían explorado vías de negociación con personas vinculadas a organizaciones criminales, ofreciendo beneficios sin respaldo legal aparente a cambio de información. Las versiones de los involucrados son contradictorias y hasta la fecha no existe pronunciamiento oficial integral al respecto. Corresponde a las entidades de control y justicia determinar la veracidad, alcance y responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos divulgados.
Fuente: Revista SEMANA. Enlace:
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